Plan Nacional de Regularización

¿Para qué se puso en marcha un plan de documentación y regularización?

Esta iniciativa tiene como base la Ley de Migración No. 285-04 de fecha 3 de Agosto de 2004 y la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, de modo que el Gobierno dominicano está cumpliendo con un mandato legal que no había sido ejecutado luego de una década de su adopción, el cual ordenaba la puesta en marcha de un Plan de Regularización de Extranjeros en situación irregular en el país.

Asimismo, el Gobierno dominicano está cumpliendo con los mandatos emanados de la Ley 169-14 en lo que respecta a los nacidos en el territorio nacional de padres extranjeros en situación irregular.

Este plan busca dotar del debido estatus migratorio a la población extranjera que habita actualmente de manera irregular en el país y que cumple con los requisitos establecidos por el mismo.

Dependiendo de si se trata de migrantes en situación irregular, o de personas nacidas en el país de padres extranjeros que carecen de documentación, las personas pueden entrar, o bien en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular, o bien en la Ley Especial No. 169-14.

La puesta en marcha de este plan ha permitido, además, una sustancial modernización de los procesos y registros.

Esta iniciativa tuvo en cuenta los diferentes grupos de población y les ofreció soluciones distintas para regularizar su estatus en cada caso.

Para garantizar la integridad del proceso y los derechos de todas las poblaciones concernidas, el Presidente Medina dispuso que se suspendieran temporalmente las deportaciones de aquellas personas que pudieran estar sujetas a estas iniciativas, hasta que hubiese concluido el plazo para incorporarse al proceso.

¿Cuáles han sido los resultados?

En primer lugar, como parte de las iniciativas para ordenar los registros documentales del país, el gobierno impulsó la Ley No. 169-14, que establece dos grupos de personas que pueden beneficiarse y que se conocen como Grupo A y Grupo B, de acuerdo a su situación documental.

Grupo A: Corresponde a personas nacidas en la República Dominicana, hijos de ambos padres extranjeros en situación irregular y que cuentan con algún tipo de documento expedido por la República Dominicana que los acredita como nacionales.

La Junta Central Electoral ha identificado alrededor de 53,000 personas en esta situación. A todas ellas se les está dando solución, a través del reconocimiento de esa documentación y su consiguiente estatus de ciudadanía dominicana.

El grupo B Está conformado por hijos de padres extranjeros en situación migratoria irregular nacidos en República Dominicana y que no contaban con ninguna documentación. Se recibieron 8,755 solicitudes que están siendo procesadas. En los casos que proceda, se realizará el debido registro en el Libro de Extranjería, con posibilidad de acceder al proceso de naturalización, en un plazo de dos años.

Recordemos que, para asegurar que nadie que lo amerite quede fuera, el Presidente Medina dispuso además una prórroga de tres meses, a partir de octubre de 2014, para que los interesados se acogieran a lo dispuesto por la Ley 169-14.

Por otra parte, el Plan Nacional de Regularización llevado a cabo por el Ministerio de Interior y Policía ha permitido que, hasta el momento, un total de 232,000 personas extranjeras que habitan en la República Dominicana hayan solicitado ya su regularización.

Este proceso ha permitido individualizar la situación de miles de personas que estaban fuera del sistema legal, a través del proceso de solicitud. Es decir, contamos ahora con datos fidedignos de cada uno de ellos y de su estatus migratorio.

Esto es así porque, para acogerse al Plan, cada extranjero presentó documentos de identidad personal, regularmente expedidos por el Estado en el que nació, con sus datos personales, su firma y los datos biométricos que harán posible su identificación en el futuro.

¿Qué beneficios tiene este plan?

Fruto de esta iniciativa, el Estado Dominicano ha registrado casi a 300,000 personas y a cada una de ellas le otorgará el estatus que le corresponde.

La implementación de esta iniciativa tiene beneficios para las personas regularizadas, pero también y en gran medida para el conjunto del país.

En primer lugar, por lo que significa en materia de ordenamiento administrativo e identificación rigurosa de la población y las implicaciones positivas que eso tiene.

Por ejemplo, en el terreno de la seguridad, la correcta identificación y documentación de las personas facilita cualquier posible proceso de investigación y control por parte de nuestras autoridades.

Asimismo, tendrá beneficios en el plano económico. La normalización de esta población la sumará en muchos casos al empleo formal, con la consiguiente contribución tributaria y en la seguridad social.

Por supuesto, esto también beneficiará a las personas regularizadas, que tendrán acceso a los servicios sociales por los que cotizan, así como a las garantías jurídicas derivadas de su estatus legal.

No conviene olvidar que, en la actualidad, sectores enteros de la economía dominicana, como la construcción, el banano o la caña, dependen en buena parte de la mano de obra migrante. Regularizar su estatus, como se está haciendo con la colaboración de los empresarios de estos sectores, es un paso extraordinariamente positivo para la formalización de nuestro mercado laboral.

En definitiva, podemos ahora, por primera vez, conocer realmente como está conformada nuestra población migrante. Lo que nos permitirá un mejor ordenamiento de los flujos migratorios.

De la misma forma, como consecuencia de esta iniciativa, se han establecido nuevos mecanismos en el control fronterizo que antes no teníamos, especialmente el control biométrico en todos los puertos y aeropuertos.

Esto significa que, a partir del mes de junio, todas las personas serán registradas oportunamente en sus entradas y salidas del país. Este es un avance clave en la modernización de nuestros registros.

¿Qué pasará cuando finalice el Plan de Regularización?

El 17 de junio finaliza el plazo de inscripción en el Plan Nacional de Regularización y por lo tanto, no serán admitidos nuevos expedientes.

A partir de ese día, simplemente, se aplicarán nuevamente con normalidad los mecanismos establecidos por la ley de migración.

Aquellos expedientes que estén en proceso, seguirán completándose de acuerdo a los plazos establecidos por la ley.

Asimismo, el gobierno dominicano garantiza que en ningún momento realizará deportaciones indiscriminadas o colectivas. No lo ha hecho en décadas de vida democrática y, por supuesto, no lo hará en el futuro.

El procedimiento de retorno estará estrictamente apegado a la ley y siempre dirigido por la única autoridad competente, la Dirección General de Migración. Cada caso llevará un procedimiento individualizado, con garantías del respeto a los derechos fundamentales.

Se adoptarán, además, las salvaguardias relevantes para niños, niñas, adolescentes no acompañados y mujeres embarazadas.

Sí habrá una mejora significativa en la aplicación de los procesos de identificación en esta nueva etapa, porque se ha equipado a la Dirección General de Migración con equipos de biometría, que la harán más efectiva, permitirán llevar registro de cada persona y eliminarán posibles errores de identificación.

¿Es cierto que en República Dominicana existen casos de apatridia?

No, no es cierto. Hasta ahora no se ha podido identificar ningún caso de apatridia en el país y así lo muestra la ausencia de registros en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Cabe recordar, que para los casos de personas que no cuentan con el debido registro de identidad, la legislación dominicana establece procedimientos como la declaración tardía o la naturalización que permiten dotarlos de documentación.

El Estado dominicano reconoce que la debida identificación y regularización de todas las personas es un derecho fundamental y contribuye a su seguridad jurídica. Estamos firmemente comprometidos con la protección de esos derechos y trabajamos diariamente para garantizarlos.
Druckversion Druckversion | Sitemap
Botschaft Dominikanische Republik Cicerostr. 21, 10709 Berlin Tel.: 030 959 985 120